Condena de más de un millón de euros
Condena de más de un millón de euros
Por dar el alta a una gestante con dudas sobre el bienestar fetal
El Juzgado Civil número 1 de Madrid ha condenado a una aseguradora sanitaria a pagar a una menor y a su familia la cantidad de 1.129.497 euros en concepto de indemnización por los daños derivados de un parto con sufrimiento fetal.
Un registro fetal intranquilizador, con sospechas de pérdida de bienestar, obliga a confirmar el estado del bebé mediante pruebas adicionales (estudio fluxométrico y test estresante o prueba de Pose). "En caso de que fuera imposible disponer de tales técnicas se impone la extracción fetal mediante cesárea, ante el desconocimiento del estado del bebé, pero en ningún caso el alta hospitalaria".
Esa fue la valoración que una perito realizó ante el Juzgado Civil número 1 de Madrid, y que ha servido para condenar a una aseguradora sanitaria a pagar a una menor y a su familia la cantidad de 1.129.497 euros en concepto de indemnización por los daños derivados de una mala praxis médica.
"Condenar a pagar a una menor y a su familia la cantidad de 1.129.497 euros en concepto de indemnización por los daños derivados de una mala praxis médica."
Los hechos que se juzgan comenzaron cuando la gestante, en la semana 36 de embarazo, acudió al servicio de Urgencias de una clínica privada donde le estaban haciendo el seguimiento de la gestación. El registro cardio-tocográfico que le hicieron fue "intranquilizador, con sospechas de pérdida de bienestar fetal". En el documento se indicó: "Se precisa conocer el estado de bienestar fetal mediante la aplicación de pruebas adicionales".
Las citadas pruebas no se realizaron y la gestante fue dada de alta y enviada a su casa. Al día siguiente regresó al hospital , y entonces "el estado del feto era grave y se tuvo que realizar una cesárea de urgencias".
La demandante dio a luz a una niña que fue atendida por el servicio de Neonatología nada más nacer por "depresión neonatal inmediata y sospecha de pérdida de bienestar fetal". Fue diagnosticada de una encefalopatía hipóxico-isquémica que, con el transcurso del tiempo, fue generando en mayores problemas de desarrollo en la menor. La niña tiene un grado de discapacidad del 75 por ciento.
El juez reconoce que "la causa de los daños neurológicos que presenta la menor fue la asfixia producida durante el parto, pudiendo haberse evitado ingresando a la paciente para observación y valoración, realizando pruebas complementarias para determinar el estado de bienestar fetal y realizando una cesárea si existía la más mínima duda sobre el estado fetal, puesto que ésta ya había sido programada por presentación podálica y faltaban tres días par alcanzar el término de la gestación".
El juez concede una indemnización de más de un millón de euros, 993.496 destinados a la menor y 136.000 a su madre y a su hermano, más intereses. El abogado de la familia ha sido Rafael Martín Bueno.
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