La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel solicita al Servicio Aragonés de Salud una cuantía de cerca de dos millones de euros para indemnizar a dos familias cuyos bebés sufren daños cerebrales irreversibles tras su nacimiento por cesárea en el hospital Obispo Polanco de la capital turolense. En concreto, el fiscal pide, en un caso, una compensación de un millón de euros y, en el otro, 720.000 euros.
El Ministerio Público acusa a dos médicos ginecólogos del hospital de Teruel de haber tardado demasiado tiempo en practicar las cesáreas, lo que habría provocado una falta de oxígeno a los bebés que, a su vez, habría generado los gravísimos daños neurológicos. La Fiscalía imputa a ambos facultativos especialistas sendos delitos de lesiones por imprudencia profesional y pide, tal y como avanzó ya este periódico, penas de prisión de 18 meses para uno y de 2 años para otro, además de inhabilitaciones para el ejercicio de su trabajo por espacio de tres y dos años, en cada caso.
En su escrito de calificación provisional, el fiscal estima que el Gobierno aragonés es responsable civil subsidiario de los delitos presuntamente cometidos por los ginecólogos, por lo que reclama a este la indemnización para las familias afectadas. No obstante, serían las compañías aseguradoras las que asumirían parte de los gastos en caso de que se derivasen responsabilidades penales hacia los médicos ahora imputados.
Partos complicados
Los hechos calificados por la Fiscalía se sitúan en los dos últimos años y son muy similares. En ambos casos el alumbramiento de los bebés comenzó con un parto natural, pero, en un determinado momento del proceso, tras advertirse una alteración del ritmo cardíaco del feto, los médicos optaron por practicar una cesárea a la madre a fin de evitar el sufrimiento del bebé.
Según el Ministerio Fiscal, el tiempo transcurrido entre la detección del problema cardíaco y la incisión de la cesárea, entre 15 y 20 minutos, resultó excesivo, lo que habría provocado los daños cerebrales en los bebés.
También la acusación particular, ejercida por las familias de los dos niños a través de un mismo abogado, ha formulado ya su escrito de calificación provisional. Esta parte reclama para una de las familias 1,6 millones de euros de indemnización y, para la otra, 1,2 millones.
El letrado que defiende los intereses de los afectados, Ricardo Agoiz, coincide con el Ministerio Público en que el tiempo transcurrido en la realización de la cesárea fue excesivo. El escrito de calificación formulado por la acusación particular solicita 2 años de prisión y el mismo periodo de inhabilitación profesional para cada uno de los dos ginecólogos imputados. No obstante, al no tener antecedentes penales los acusados ni ser superior a dos años la pena de cárcel reclamada para ellos, los médicos no ingresarían en prisión en caso de ser condenados, aclaró Agoiz.
Personas dependientes
Para el abogado de la acusación particular, la cuantía indemnizatoria solicitada solo trata de cubrir los gastos que la enfermedad cerebral generará para las familias de los niños a lo largo de toda la vida de estos. “No serán autónomos, sino que dependerán siempre del cuidado de otras personas, lo que obliga a un desembolso de dinero continuo”, explicó Ricardo Agoiz.
A juicio del letrado de las familias de los bebés, la presunta imprudencia de los médicos dio lugar a una “pérdida de oportunidad en el tratamiento médico”, ya fuese por la tardanza en decidir iniciar la cesárea, como por una hipotética demora en el desarrollo de esta práctica obstétrica. Tras haber sido presentados los escritos de calificación de todas las partes, el juzgado fijará ahora una fecha para la celebración de la vista oral.
